A 365 días una vez que se firme propone la senadora Geovanna Bañuelos
(Especial) El Partido del Trabajo en el Senado de la República propuso que se limite el tiempo para la ratificación de un tratado internacional a un año, una vez que éste se firme entre los gobiernos.
Con el fin de mejorar el procedimiento para la celebración y entrada en vigor de los tratados internacionales que suscribe México, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propone establecer un máximo de 365 días después de su firma para que el Ejecutivo envíe el documento para su ratificación al Senado de la República.
Mediante una iniciativa que reforma el Artículo 4 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que actualmente este ordenamiento jurídico no establece un plazo para que el Ejecutivo envíe el documento después de su firma.
“En nuestro ordenamiento jurídico, en particular en la Ley Sobre la Celebración de Tratados, existe una laguna en cuanto al plazo y el procedimiento que debe seguirse para que el presidente de la República envíe al Senado el tratado para su aprobación”, menciona.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da facultades exclusivas a la Cámara Alta para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba.
En la reforma de 2007 en la materia, permite al Senado intervenir en la terminación de tratados, denuncia, suspensión, modificación o enmienda. Asimismo, da capacidad de injerencia en cuanto al retiro y formulación tanto de reservas como de declaraciones interpretativas.
No obstante, señala la líder petista, en el ordenamiento jurídico, en particular en la Ley Sobre la Celebración de Tratados, existe un vacío legal en cuanto al plazo y el procedimiento que debe seguirse para que el presidente de la República envíe al Senado el tratado para su aprobación.
Por ello, propone establecer en la Ley Sobre Celebración de Tratados un plazo máximo de 365 días a partir de la firma de un tratado o convenio, para que el Ejecutivo envíe al Senado el documento para su ratificación.
“Con ello se resuelve el vacío jurídico que al respecto existe y se le da certidumbre jurídica a las etapas que deben seguirse para que un tratado internacional tenga validez en nuestro país”, subraya Geovanna Bañuelos.
