Sostienen organizaciones humanitarias: En México hay una estrategia de tortura silenciosa para migrantes. Reporte de The Éxodo
Luis Carlos Rodríguez González/The Éxodo
La frontera sur de México se ha convertido en un territorio donde el gobierno mexicano en las semanas intensificó y recrudeció una estrategia de redadas, detenciones, separación de familias, encarcelamiento de menores y disuasión de la migración por medio de trámites burocráticos que desalienten la movilidad, prácticas racistas a determinados grupos, todo ello con el uso de policía federal y militar, así como la criminalización de organismos y defensores de migrantes y de derechos humanos.
En el informe denominado “La frontera sur es una tortura silenciosa: Misión de Observación” se documentan estas prácticas por parte del nuevo gobierno mexicano y se advierte que se continúa y se agudiza un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad.
“Documentamos múltiples puntos de control migratorio con fuerte presencia de fuerzas de seguridad del Estado, particularmente policía federal y policía militar, sin que haya claridad sobre sus funciones y facultades en el contexto migratorio. Observamos que es una práctica de Estado sistemática e intencional, que es incongruente con el discurso oficial de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos”.
La Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, donde participan 24 organizaciones de
México, Centroamérica y Estados Unidos, miembros de la academia y periodistas, ha recorrido en las últimas semanas la frontera sur de México y han la Estación Migratoria Siglo XXI, cinco estancias provisionales, así como extensiones de estos centros de detención como la Feria Mesoamericana, entre otros.
Ante ello, exponen su preocupación por que se ha identificado que existe “una estrategia de desgaste y contención, que tiene la intención de generar cansancio, desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización, así como restringir y criminalizar la movilidad humana”.
Se añade que el manejo de los procedimientos de acceso al derecho a la protección internacional o a permisos de estancia por parte de la autoridad están deliberadamente burocratizados por las autoridades para dilatarlos al máximo y desalentar a las personas que quedan atrapadas en ellos.
“Documentamos que la detención migratoria funge como estrategia de represión y castigo. En ese sentido, se han intensificado las redadas y los operativos de control migratorio a lo largo de toda la costa, y las condiciones de la detención migratoria, de por sí violatorias de los derechos humanos, se han recrudecido, llegando a constituir formas de tortura física y psicológica y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Igualmente, identificamos prácticas racistas y xenófobas que discriminan grupos específicos”.
Las organizaciones nacionales y extranjeras exponen su preocupación por las consecuencias que esta estrategia tiene sobre las familias que son separadas en redadas, durante la detención, liberación y deportación, vulnerando así el principio de unidad familiar, incluso en aquellas que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiadas.
“Frente a este contexto, particularmente nos indigna la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo en centros de detención, la falta de ayuda humanitaria y falta de respeto generalizado a sus derechos, contrario a su Interés Superior”.
Las precarias condiciones de vida, el sometimiento a la represión institucional, las carencias en los campos de refugiados y sobre todo la ausencia absoluta de trato digno en los centros de detención en términos de higiene, aboca a la población a graves padecimientos para su salud física y mental.
“Evidenciamos la falta de coordinación institucional y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno, así como una carencia de protocolos de atención integral en materia migratoria y humanitaria con enfoque de derechos humanos, prevaleciendo reacciones improvisadas, asistencialistas y con un énfasis en la seguridad”.
Llama la atención que las autoridades justifiquen de forma reiterada la violación a derechos humanos en la escasez y limitación de recursos humanos, financieros y de infraestructura.
“Observamos con especial alarma que aumenta la estigmatización y criminalización de la migración, derivando en la negación del derecho al debido proceso y a contar con una defensa en los procedimientos migratorios. En consecuencia, se obstaculiza y se criminaliza la solidaridad y la labor de defensa de derechos humanos”.
En clara alusión a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al establecimiento de aranceles a productos mexicanos sino se frena la migración centroamericana, la Misión de Observación subrayó que el respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad no pueden subordinarse a los intereses económicos y comerciales en el marco de las relaciones internacionales.
Exhortaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a transitar de una política de Estado en materia de movilidad humana basada en la seguridad nacional, a una centrada en la seguridad humana y garantizar una coordinación de los tres niveles de gobierno, que permita construir una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos humanos, asegurando la participación real de las organizaciones de derechos humanos.
Asimismo, eliminar la detención migratoria como práctica generalizada de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional, asignación de presupuestos suficientes para la atención efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas.
“Sostener una política pública permanente contra cualquier forma de discriminación, racismo y xenofobia y garantizar la atención integral e inmediata en materia de salud a la población migrante y refugiada, priorizando a niñas, niños y mujeres embarazadas, más aún mientras se encuentren en centros de detención migratoria”.
Entre otras, firman el informe y petición al gobierno mexicano las organizaciones Alianza Américas, Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina Latinoamérica y el Caribe, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Junax, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.
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