Senadores respaldan la presentación de controversia constitucional que llevó a cabo la presidenta de la Cámara de Diputados
(Redacción DM) Integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de República informaron de la presentación de una serie de amparos para impugnar el Decreto de lo que llaman la “militarización de la seguridad pública que emitió el Gobierno Federal el pasado 11 de mayo”.
La senadora Kenia López Rabadán y el senador Damián Zepeda Vidales detallaron que “la impugnación presentada busca que la seguridad pública del país no sea militarizada y que la participación de las Fuerzas Armadas en ayuda a la misma sea cumpliendo los requisitos que se establecieron en la Reforma Constitucional: extraordinaria, subordinada a las fuerzas civiles, fiscalizada, regulada y complementaria”.
La bancada panista subrayó que, en el mismo sentido, respaldan la presentación de controversia constitucional que llevó a cabo la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, ya que es evidente que el decreto representa una ilegalidad y debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nacional quien determine su constitucionalidad.
En la óptica del PAN “la reforma constitucional de Guardia Nacional, estableció una institución de carácter civil para llevar a cabo la función de seguridad pública en México y ordenó el fortalecimiento de las policías a nivel nacional”. Añadieron que estableció como ayuda extraordinaria, la posibilidad de participación temporal de las Fuerzas Armadas, pero siempre bajo los principios establecidos por instancias internacionales, los cuales no han sido cumplidos por el Decreto del Ejecutivo.
Lo que el gobierno hizo, dijeron, “es en la práctica la militarización permanente del país. Le entregaron a las Fuerzas Armadas la seguridad pública y eso es inconstitucional. No hay un verdadero plan de fortalecimiento de policías y la Guardia Nacional no está siendo creada como institución civil. Además de inconstitucional, está documentado a nivel internacional que esa es una estrategia fallida que no representa una solución verdadera de largo plazo al problema de inseguridad que atraviesa México”.
Por lo anterior, lo panistas, afirmaron, con la impugnación lo que se busca es que se corrija este agravio a los mexicanos y se cumpla la reforma constitucional con el establecimiento de una Guardia Nacional de carácter civil y, en su caso, ayuda temporal extraordinaria, subordinada, fiscalizada, regulada y complementaria, de las Fuerzas Armadas, en tanto se fortalece la policía civil.
Adicionalmente, precisaron que este es el primer paso de la ruta de impugnación jurídica, ya que se encuentran revisando la posibilidad de otras vías de impugnación.
En su oportunidad, el senador Damián Zepeda Vidales sostuvo que “nos hemos manifestado sobre la inconstitucionalidad del decreto de militarización del país; lo que hizo Andrés Manuel López Obrador es un fraude a la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional civil”.
Añadió que “la Guardia Nacional civil que se aprobó en el Congreso fue un cuerpo 100 por ciento policiaco civil, el cual se iba a enfocar a las labores o a la función de seguridad pública y se permitió que en tanto se fortalecía este cuerpo, pues pudieran las Fuerzas Armadas, si así lo determinaba el Presidente, ayudar, pero siempre con características excepcionales”.
