Mirada Política
Por Fernando Vázquez Nájera*
Diputados vs Senadores
En el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la Cámara de Diputados aprobó una reducción de la dieta (salario) de las y los senadores, sin previo aviso y de forma unilateral, lo que de suyo muestra la escaza comunicación entre los coordinadores de los grupos parlamentarios de MORENA en el Congreso. Peor aún, la motivación que subyace a esta decisión está más cerca de la revancha y el golpeteo legislativo que de la austeridad republicana.
El resultado, a final de cuentas, es que las y los senadores tendrán menos sueldo y aguinaldo, dejaran de percibir 422 mil 897 pesos anuales de su dieta, es decir, pasaran de $105, 000 a $74, 548 pesos mensuales, el mismo salario que sus pares legislativos de San Lázaro, bajo el argumento de que ha “a trabajo igual remuneración igual”, lo cual ha sido bien visto por un sector de la sociedad como parte de los recortes a los salarios de funcionarios y servidores públicos.
¿Por qué ahora se contempla este recorte salarial a las y los legisladores del Senado? ¿Por qué no se hizo esto en el presupuesto 2019? La respuesta está en las motivaciones de los promotores de esta medida, los diputados Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuellar, que en venganza porque el Senado no aceptó la elevación de los impuestos a bebidas azucaradas y cigarros, y no permitieron la legalización de los llamados “autos chocolate” (autos en el país sin permiso de importación), además de negar el impuesto al agua para el sector agrícola y bajar el impuesto de ISR a las plataformas digitales como Uber y Airbnb, todo ello en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal; luego entonces promovieron el recorte al salario de sus pares en el Senado, sin aviso previo.
El perverso juego de “austeridad republicana”, de los recortes generalizados, más temprano que tarde traerá consigo parálisis institucional y una mayor tentación de la corrupción como método alternativo de ingresos personales. Baste un breve ejercicio de historia para recordar que desde la antigua Roma se vivió la degeneración del ejercicio del servicio público al mezclar intereses personales y públicos.
Los romanos aportaron las bases del Derecho Público a través del desarrollo de la estructura constitucional y administrativa en la etapa de la República y el Imperio donde se adopta el concepto de “función pública” referida tanto a la actividad de magistrados y funcionarios como utilidad pública, sin embargo, la relación entre buenos propósitos y acciones deshonestas fue siempre una de las características de la antigua Roma. Por ejemplo, Licinio Calvo Estolón, tribuno de la plebe (377 A.C.), introdujo una fuerte limitación a la acumulación de tierras por parte de un único propietario, además de una severa reglamentación para los deudores, pero luego fue acusado de haber violado las leyes que él propuso.
El catálogo de crímenes en la antigua Roma incluía el “crimen peculatus” que se refería a la malversación y apropiación indebida de fondos públicos, así como a la alteración de documentos oficiales; y el “crimen ambitus” preveía delitos electorales particularmente la compra de votos. Desde entonces se gestaron las primeras leyes anti-corrupción, la “Lex Acilia”» elevó la pena para los delitos de malversación de fondos y cohecho, la “Lex Servilia” introdujo la pérdida de los derechos políticos para los corruptos, la “Lex Livia Iudiciaria” impuso una corte especial para los juicios contra los jueces corruptos y la “Lex Cornelia”, que aumentaba las condenas para los magistrados que aceptaran dinero en un juicio.
Estos esfuerzos jurídicos no contuvieron la corrupción que contribuyó a la destrucción del Imperio Romano. El resultado de que los cargos públicos más altos se mantuvieron como honoríficos y gratuitos, tuvo como consecuencia alentar la combinación de la gestión de su peculio con el desempeño de sus funciones. Así, la nobleza patricio-plebeya, para ganarse el favor de la comunidad en los comicios, realizaban gastos en fiestas populares a pesar del impago de sus cargos. Es decir, la principal necesidad se centró en tener una fortuna capaz de solventar los gastos de las campañas político-electorales de aquella época y para ellos se exploraron fuentes de ingresos alterativas como recomendaciones o tráfico de influencias “suffragium” o servicio a particulares “sportulae”. Lo anterior, sólo pudo contrarrestarse de alguna manera cuando se estableció el pago para el desempeño de un cargo público y la profesionalización del ejército, cuyos miembros empezaron ocupar cargos civiles como subordinados, recibiendo una remuneración por su trabajo.
Si todos los caminos conducen a Roma, entonces el camino de la “austeridad republicana” conduce a la simulación y promueve lo que dice combatir: la corrupción de los servidores públicos. No olvidemos que tal y como MORENA y sus aliados aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Presidente bien podría proponer ganar un peso y ese sería el salario máximo en la administración pública; por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dos artículos de esta ley referente a la discrecionalidad con la que se estableció el salario del Presidente. En tanto, las dos Cámaras del Congreso se enfrentan inútilmente por vendettas más que por razones.
*Analista político.
