Disposición de No Contratación 10 años en IP violatoria a la Constitución
No descarta PRI Impugnar ley si avanza en Diputados
(Especial) El PRI en la Cámara de Diputados adelantó que rechazará la propuesta de la “Partida Secreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que recientemente fue aprobada en el Senado.
En voz de la diputada Dulce María Sauri Riancho, el Revolucionario Institucional, indicó que el uso discrecional de recursos por parte del Ejecutivo federal a través de decretos, “una partida secreta”, será desechada por su bancada durante el análisis de la Ley Federal de Austeridad.
Además, consideró violatoria de la Constitución la ley aprobada que impide a los trabajadores del Estado contratarse en la Iniciativa Privada durante diez años después a la finalización de su encargo.
“En la Cámara de Diputados se analizarán los cambios realizados a la minuta y, seguramente, ésta será una de las modificaciones que se rechazarán”, indicó la diputada en entrevista.
Cuestionada durante la Sesión Permanente, Sauri Riancho aseveró que Morena podría imponerse en la Cámara baja; sin embargo, “eso no quita que haya recursos para impugnar las decisiones legislativas”.
“No solamente existe el recurso conocido de la inconstitucionalidad, sino también los amparos”, precisó.
La diputada apuntó que el PRI esperará a que se concreten los hechos para decidir impugnar o no la ley, pero confió en que sea la racionalidad la que se imponga.
Recordó que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se había eliminado toda “partida secreta”.
Dijo que en la Cámara de Diputados no se prevé un periodo extraordinario específicamente para desahogar este tema, pero “vamos a ver cuánta urgencia tiene Morena de complacer los deseos del Presidente”, concluyó.
Respecto de que los trabajadores del Estado no puedan contratarse en la iniciativa privada hasta pasados 10 años, disposición contenida en la citada ley, aseguró que es violatorio a los derechos humanos, a la libertad de trabajo y continuarán degradando el servicio público.
La legisladora indicó que esta disposición es “una parte fundamental del proceso de desinstitucionalización de la gestión pública que estamos viviendo, tiene que ver con el conjunto de requisitos para desempeñar la función pública”.
Abundó que “no solo es violatorio de los derechos de las personas garantizados en la Constitución, a la libertad de trabajo, sino también sería una razón para continuar con esta degradación del servicio público”
Aseveró que los trabajadores del Estado “se van a quedar sabiendo las cosas que conocen, con lo que pueden desempeñarse una vez que hayan concluido su función pública, no las va a poder desarrollar”. (Con información de la Cámara de Diputados).
