Le deja a discreción al Ejecutivo una bolsa de 92 mil 442 millones; regresa la “partida secreta” clama la oposición
Los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas del ramo en 10 años
(Redacción DM) El Senado de la República, como en los tiempos del priismo aprobó en la madrugada de este martes con 74 votos en favor y 29 abstenciones la Ley Federal de Austeridad Republicana.
En medio de críticas de la oposición la mayoría de Morena se impuso y cumplió el compromiso de aprobar la ley en este período extraordinario.
L a oposición encabezada por el Partido Acción Nacional mostró sus desacuerdos con la aprobación por los añadidos, entre los que destaca la prohibición para que los servidores públicos estén imposibilitados de trabajar en áreas similares a su desempeño, pero en la Iniciativa Privada en los 10 años posteriores a dejar el cargo.
Sin embargo, el tema que mayor polémica fue lo que llaman los opositores es la reedición de la “Partida Secreta” ya que en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deja en manos del Ejecutivo todos los ahorros que se generen por la “Austeridad Republicana”.
El artículo enuncia: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
El senador panista Julen Rementería del Puerto, al presentar reservas al dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana y que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aseguró que con la aprobación de este artículo se hace “el tiempo atrás” y se restituye la “partida secreta”.
“Es la Joya de la propuesta” dijo.
Contabilizó en 90 mil millones de pesos esta nueva partida discrecional para el Ejecutivo, producto de los ahorros.
En el debate se precisó que serán 92 mil 442 millones de pesos de los que se obtengan de los recortes.
“Aprobando este artículo 61 es autorizar la partida secreta para la Presidencia de la República en este país, algo que precisamente hace varias legislaturas a nivel federal se cuestionó y se eliminó y hoy la traemos de nuevo, la actualizamos y se la damos al presidente para que haga con esos recursos lo que le plazca a través de un decreto, y luego, si bien nos va, nos daría cuentas”, sostuvo Julen Rementería en la madrugada.
El dictamen
En la ley aprobada se elimina pensión a expresidentes, contratación de seguros médicos, de vida y separación individualizada o colectiva.
Además, se prohíbe derroche de energía eléctrica, agua, telefonía móvil y remodelación de oficinas, sostiene sus promotores.
Con su aplicación se obtendrán ahorros que no generarán impactos presupuestarios negativos, ya que se haría una reasignación de recursos a fin de mejorar la distribución y calidad del gasto, ahorros que derivarán de diversos rubros, se informó.
Prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva. Además, evitará el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.
Con el nuevo ordenamiento quedan eliminadas las pensiones de retiro a los expresidentes, distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que se busca dar un trato equitativo entre todos los ciudadanos.
El debate
A nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, señaló que se aplicarán medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez.
El senador de Morena afirmó que el Gobierno tendrá mayores posibilidades de atender a la población en general, como resultado de la optimización de los recursos. Se busca mejorar la calidad de vida de la población en situación de precariedad, así como desarrollo sostenido y sustentable, manifestó.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, criticó que la función del servicio público en México se ha concebido como un espacio de privilegio social patrimonial. No como un auténtico mandato democrático de servicio para el bien común.
En su turno, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, afirmó que la austeridad republicana significa dignificar el servicio público, una obligatoria reingeniería institucional, y debe, por antonomasia, combatir el derroche y el dispendio. Señaló que se traducirá en no más opulencia en los gobiernos federal, estatal y municipal.
El senador Samuel García Sepúlveda afirmó que Movimiento Ciudadano está favor de la austeridad, pero “estaremos buscando la acción de institucionalidad” en contra el dictamen porque, entre otros puntos, la posibilidad de declarar la nulidad de los contratos suscritos con empresas extranjeras o nacionales viola el artículo 25 de la Carta Magna.
Para la senadora Vanessa Rubio Márquez, del PRI, el candado de cinco años para que los servidores públicos no puedan laborar en la iniciativa privada después de dejar el cargo “pasa por encima por el artículo 5º de la Carta Magna, que dispone que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.
El Pleno avaló la reserva presentada por el senador de Morena, Félix Salgado, al artículo 24 para precisar que los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información “privilegiada” en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Es decir, aumentó cinco años, respecto del dictamen original.
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