Aunque sigue pendiente resolución de la SCJN
(Redacción DM) A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún tiene pendiente la resolución de acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de oposición y órganos autónomos, el Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Esta reforma incluye la disposición de que nadie podrá ganar más que el Presidente de la República y forma parte de los instrumentos de la austeridad promovida por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El dictamen aprobado con 75 votos a favor y 37 abstenciones actualiza términos y criterios relacionados con remuneraciones de servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.
Establece que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados será el responsable de emitir una opinión anual sobre las remuneraciones y los cargos clasificados como técnicos especializados con la opinión de, al menos, tres universidades nacionales.
Como resultado de la reforma constitucional de enero de 2016, armoniza la referencia a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en vez de salario mínimo. También, la legislación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones.
El documento, prevé que cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, o ante el órgano de control interno a efecto que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, señaló que se busca depurar la legislación vigente, a fin de corregir ciertas deficiencias y anacronismos. “Es una muestra de voluntad política para el mejoramiento normativo del país”.
Aseguró que la minuta armoniza las potestades de la Auditoría Superior de la Federación respecto de la vigilancia y fiscalización que realizará sobre las erogaciones reguladas en la ley.
Hará lo propio con la legislación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones de servidores públicos y el uso ilícito por particulares en ejercicios de funciones públicas.
El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Fernando Castañón Ramírez dijo que las instituciones deben hacer un esfuerzo por “apretarse el cinturón” y acabar con el gasto superfluo y los privilegios. “La propuesta no corrige el fondo de la autonomía financiera de otros poderes”.
Minerva Hernández Ramos, senadora del PAN, aseguró que su partido está de acuerdo en corregir los vicios de inconstitucionalidad que tiene la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero señaló necesario respetar la tarea de control constitucional que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese rubro.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, refirió que ya se había tardado la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos en el país. Sostuvo que la acción de inconstitucional tiene fundamento actualmente, pero este dictamen resuelve las deficiencias de la ley. “Era una ley desfasada; no era aplicable”, señaló. Refirió que si no se aprueban las reservas hechas por su Grupo Parlamentario, se dejará subsistente la acción de inconstitucionalidad.
