Por Huachicoleo, Robo a Transporte Público y Uso de Armas, Irán Prisión con Nuevas Reformas en el Senado
(Redacción DM) Luego de más de 5 horas de discusión, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular modificar la Constitución ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.
De esta forma, el Pleno de la Cámara Alta incluyó la corrupción, el huachicoleo, el abuso o violencia sexual contra menores, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada de personas, delitos cometidos con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, y el uso de programas sociales con fines electorales, al Artículo 19 Constitucional.
Los senadores pusieron como cláusula que en cinco años se deberán evaluar los resultados de esta política para determinar si continúa o no su aplicación.
Dicha evaluación se realizará conforme los criterios del Sistema Nacional Seguridad Pública y del Sistema Penal Acusatorio, a través de informes del Gobierno Federal, gobiernos estatales, Poder Judicial de los estados, fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima dijo que la inclusión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa responde a una mayoritaria demanda social respecto de la sensación generalizada de injusticia e impunidad, que han generado un perjuicio al tejido social y creado una crisis de seguridad pública.
Defendió la medida, la cual, dijo, no es una acción automática, ilimitada y fuera de las reglas del proceso penal. Está dentro del debido proceso, es una excepción para que el juez determine si se impone dicha medida cautelar. Su duración no puede ser superior a dos años y, si en ese plazo no se dicta sentencia, el inculpado es puesto en libertad.
Senadores de diversas fuerzas políticas coincidieron en que introducir estos delitos es un gran paso para lograr que la supremacía constitucional prevalezca y sea el criterio para la toma de decisiones de jueces.
Y es una forma de garantizar la paz y tranquilad que tanto reclama la sociedad.
La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, reconoció que la prisión preventiva, como medida cautelar, es un tema polémico en materia de derechos humanos, pues algunas organizaciones consideran que viola la presunción de inocencia y la libertad personal.
Sin embargo, dijo que no se puede desconocer la grave situación de inseguridad en el país donde los índices de delincuencia incrementan años con año al igual que los de impunidad. Propuso que esta reforma tenga carácter transitorio y sea evaluado a los cinco años para determinar su continuidad.
Mientras que el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra de la reforma al considerar que la prisión preventiva “funciona para no investigar” y se trata de una forma de presión para aceptar los hechos: “es tortura, detención arbitraria y puede resultar en desaparición” de personas.
Y el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza Longoria, aseguró que esta reforma es de carácter “regresivo” y no corresponde con los compromisos hechos para tutelar los derechos humanos. “La prisión preventiva oficiosa es un error. Tendríamos que estar revisando su eliminación, no su incremento”.
Subrayó que el sistema penitenciario está colapsado y los reclusorios representan más a universidades del crimen, que un beneficio para la reinserción social. “A ese modelo, le vamos a dar una recarga, estamos cometiendo un gravísimo error”
La reforma aprobada por el Pleno del Senado faculta al Ministerio Público para poder solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa por de abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte, por desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
También por delitos de enriquecimiento ilícito y sus modalidades; en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; delitos por robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y hechos de corrupción relacionados. El dictamen fue enviado al Pleno para su discusión y votación
