Redacción.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la Comisión de Justicia mediante el cual se sanciona el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, conocidos como drones.
En sesión ordinaria, se aprobó en lo general, con 419 votos a favor, cero votos en contra y 23 abstenciones, la propuesta para modificar la el Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de imponer una pena de prisión de 15 a 40 años a quien utilice estos dispositivos para cometer conductas indebidas.
La iniciativa establece también que se castigará hasta con 20 años a quien arroje cualquier objeto o artefacto explosivo o sustancia química desde estas aeronaves, con el propósito de causar daño; y hasta 10 años a quien los importe, manufacture, arme, adquiera o adapté para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas.
La diputada Rosangela Amairany Peña Escalante (Morena) sostuvo que de esta manera se fortalece la política contra el crimen, pues se crean tipos penales que permiten la debida sanción de conductas delictivas cometidas mediante el uso y modificación de estas tecnologías.
En un comunicado, comentó que legislar en esta materia coadyuva a la lucha contra el llamado “halconeo y el tráfico de drogas, y los ataques con explosivos y sustancias corrosivas” que afectan a instituciones de seguridad y la sociedad civil.
En la misma sesión, se aprobó en lo general, con 438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos por el que se modifica Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Las reformas establecen la incorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en esta Materia.
Al respecto, la diputada de Morena, Lidia Pérez Bárcenas, manifestó que se le dota de voz y voto a la dependencia federal para que, en el ejercicio de sus funciones, denuncie ante el Ministerio Público las conductas, actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de dichos delitos.
“De esta manera se garantizará una efectiva incidencia en la política pública para combatir la trata de personas en un área central como son los aspectos financieros y económicos provenientes de lavado de dinero”, puntualizó.
Asimismo, se aprobó en lo general, con 437 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Seguridad Social para establecer que los inmuebles que el IMSS reciba como pago de adeudos de entes públicos, puedan ser incorporados al patrimonio institucional.
Con esto, dijo la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), se establece que constituirán el patrimonio del IMSS los inmuebles que las entidades federativas, los municipios y los organismos descentralizados cedan a éste con la finalidad de pagar cuotas obrero-patronales, ya sea para saldar adeudos o cubrir obligaciones a su cargo.
Sostuvo que estas medidas permitirán al Instituto revertir los daños en su infraestructura médica provocados por los gobiernos neoliberales que pretendieron privatizar la salud de las y los mexicanos.
Puntualizó que no se aceptarán como pago de cuotas correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, lo cual dijo “garantizará las cuotas patronales destinadas a las pensiones”.
Por otra parte, la Cámara de Diputados dio trámite en sentido positivo con 443 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, al dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que modifica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de denuncias de cualquier tipo de abuso o violencia en centros educativos.
En ese respecto, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández (Morena) señaló que las y los jóvenes se convierten en víctimas silenciosas y sufren de violencias desde edades tempranas en centros educativos o en su entorno familiar.
Subrayó que esta situación ha permeado durante décadas situándose en impunidad y pérdida de confianza de las autoridades y los gobiernos, motivo por el cual la reforma aprobada prioriza establecer programas para promover denuncias de cualquier índole a fin de evitar violencia a este sector de la población.