Le piden a Kiko Vega que no publique el decreto inconstitucional
(Especial) A través de un Punto de Acuerdo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se manifestó en contra de la decisión del Congreso de Baja California de ampliar de dos a cinco años la gestión del gobernador electo, Jaime Bonilla.
Avalado por todas las fuerzas políticas, incluida Morena, el Pleno exhortó al Gobierno de Baja California y a los ayuntamientos a dejar sin efecto el decreto 112 de reforma a la Constitución local, que se aprobó el 8 de julio.
Los legisladores de Morena, PAN, PRD y MC pidieron al gobernador de Baja California Francisco (Kiko) Vega de Lamadrid, no publicar el decreto expedido por el Congreso estatal que amplía el periodo de gestión del próximo mandatario estatal.
El acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente aprobado ayer miércoles, sostiene que dicho acto vulnera el principio de no aplicación retroactiva de la ley, transgrede el principio de certeza electoral y, violenta el principio de no reelección de gobernantes.
En el texto avalado por el Pleno de la Permanente, se indica que existen diversas posiciones coincidentes que señalan que esa reforma es violatoria de los principios constitucionales de certeza jurídica, definitividad de los actos electorales, así como de contravenir el pacto federal.
Previamente a la presentación del documento ante el Pleno, las diputadas de Morena Tatiana Clouthier Carrillo, vicecoordinadora de la bancada, y Lorena Villavicencio Ayala, sostuvieron que la determinación que se tomó en Baja California es un atentado contra las instituciones democráticas.
Clouthier Carrillo señaló que el Congreso local de Baja California tomó atribuciones más allá de las que le compete, al ampliar el periodo de gestión del gobernador del estado.
La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, apuntó que la decisión de los diputados de Baja California es un acto anticonstitucional e ilegal que atenta contra la vida democrática del país.
Llamó a hacer uso de todos los mecanismos y recursos para evitar este “atropello” a los ciudadanos y al Estado de derecho.
Destacó que todas las fuerzas políticas estén unidas en este caso y dijo que están listos para presentar una acción de inconstitucionalidad o analizar la desaparición de poderes en la entidad, en caso de que se publique la reforma.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) sostuvo que la determinación que tomó el Congreso de Baja California es muy grave, constituye un atentado contra la democracia y vulnera la voluntad ciudadana.
El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) celebró que las distintas fuerzas políticas se unan para condenar lo que sucedió en Baja California que, dijo, es un atentado hacia la democracia.
“Hay que condenarlo, rechazarlo y evitar que se llegue a la implementación de la reforma”, aseveró.
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