Con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, Aprueban Diputados Prisión Preventiva
Llama la CNDH a privilegiar el respeto a las garantías individuales y no aprobar soluciones parciales
(Redacción DM) Ante la proximidad de la aprobación de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó un exhorto “a fin de privilegiar el respeto a las garantías individuales y no aprobar soluciones parciales, de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza”.
El llamado de la CNDH, también se refirió a la “ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa”.
Pero este llegó un poco tarde, porque Con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, se aprobó ayer mismo en la Cámara de Diputados, el dictamen que reforma el Artículo 19 Constitucional con la finalidad de ampliar el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva. Alcanzó las dos terceras partes de ese parlamento, que se requieren para su aval.
Esta aumenta de 7 a 16 el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa, pasó a los estados para su aprobación debido a que es una reforma constitucional.
El organismo autónomo llamó la atención “para que las modificaciones normativas que se realicen y las políticas públicas que con base en ellas se diseñen estén sustentadas en información objetiva y verificable, al margen de coyunturas o agendas políticas”.
En su Pronunciamiento ante la eventual aprobación de las reformas constitucionales en materia de guardia nacional y prisión preventiva oficiosa, el Cuerpo Colegiado de la CNDH consideró “que, en los términos planteados y desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir, al regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o poner la misma a cargo de cuerpo de franca naturaleza y carácter castrense”.
En un comunicado ampliamente difundido, “planteó la necesidad de establecer una ruta dual que permita a las Fuerzas Armadas continuar realizando labores de seguridad pública de manera excepcional y temporal, a la vez que se fortalezcan las capacidades técnicas, operativas, legales y estructurales de las policías e instituciones civiles en los diversos órdenes de gobierno”.
Reiteró su preocupación por “el nuevo papel que, como consecuencia del replanteamiento de la Guardia Nacional, se pretende dar a las Fuerzas Armadas, al asignarles tareas de obra pública, adquisiciones y otras funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas, con lo cual incrementan su presencia en labores reservadas a las instituciones civiles y, sobre todo, su poder político y económico, lo que generaría el riesgo de reducir los incentivos para que, una vez superada la situación de emergencia por la que atraviesa el país, renunciaran a tales atribuciones en favor de las autoridades e instancias civiles, perpetuando así una situación atípica que en nada beneficia al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho”.
