La diputada Anilú Ingram Vallines advierte que no basta con ser solidarios o indignación
(Redacción DM) Ante el incremento de los feminicidios en el país, es urgente que el gobierno federal asuma su responsabilidad de atender esta problemática y se homologue este delito en todos los códigos penales de las entidades federativas, afirmó la diputada Anilú Ingram Vallines (PRI).
“No basta ser solidarios con las víctimas o indignarnos en los discursos, se requiere que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de atender la problemática a través del fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos que permitan garantizar a todas las mujeres el goce de una vida libre de violencia”, indicó.
Entrevistada luego de participar en las audiencias públicas sobre feminicidios, la diputada priista sostuvo que es primordial sumar esfuerzos y homologar en todos los códigos penales de los estados este delito.
“La responsabilidad compete a todos; que cada quien, desde su ámbito de trabajo social, haga causa común y se quiten etiquetas”, subrayó.
Ingram Vallines expuso que las ausencias legales y políticas públicas con contenido de género continúan produciendo impunidad, injusticias, inseguridad y favoreciendo el conjunto de actos violentos contra las niñas y las mujeres, por ello, dijo, es tarea del Legislativo procurar los mejores ordenamientos jurídicos.
Insistió en que “todos podemos poner nuestro grano de arena” y recordó que en febrero pasado presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Explicó que su propuesta, que está en la Comisión de Equidad de Género, plantea tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, con el objetivo de que las entidades federativas homologuen este ilícito en sus diferentes ordenamientos jurídicos y no existan discrepancias de un estado a otro respecto de cómo catalogar el homicidio de mujeres.
Asimismo, proyecta fortalecer las alertas de violencia de género con el criterio de máxima difusión, es decir, obliga a una mayor coordinación intergubernamental para garantizar la seguridad de las mujeres, implementando acciones encaminadas a frenar la violencia en su contra y eliminar las desigualdades.
