Lo Más Obscuro de la Ley Bonilla, análisis de Fer Vázquez Nájera

El domingo 2 de junio de 2019, el candidato de MORENA, Jaime Bonilla, triunfó en las elecciones para Gobernador de Baja California para el periodo 2019-2021. El 8 de julio, el Congreso local en sesión extraordinaria aprobó extender el mandato tres años más hasta 2024, sin importar que las elecciones se hayan celebrado un mes antes. Ante esta burda violación al estado de derecho y al principio de certidumbre jurídica, la 4T y MORENA muestran su lado más oscuro: el desprecio a las reglas democráticas y el cinismo para dejar avanzar un tema que algunos de ellos critican en susurros.

Baja California tiene desde el pasado viernes un nuevo gobernador que está envuelto en la polémica por la ampliación de su mandato de dos a cinco años, lo cual ha conseguido temporalmente hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si la reforma que amplió el periodo original se apega o no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Hay un lado oscuro poco difundido en esta trama política. Jaime Bonilla movió los hilos tras bambalinas y consiguió un acuerdo con la mayoría de los diputados locales del PAN y de otros partidos políticos de la pasada legislatura local. El pasado 8 de julio, 21 de 25 legisladores que integran el Congreso local, en ese momento con mayoría del PAN (13), votó a favor una iniciativa del diputado de MORENA, Víctor Morán, para reformar el artículo octavo transitorio de la reforma a la Constitución del Estado de Baja California del 17 de octubre de 2014, para que el término del mandato del próximo gobernador pasara del 31 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2024, tres años más para un total de cinco.

A cambio de este fraude, y en esa misma sesión del 8 de julio, el Congreso local aprobó por mayoría la elección de tres comisionados propietarios por un periodo de 3, 4 y 5 años, respectivamente, y un comisionado suplente por 5 años, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California. Pero eso no fue todo, se votó también el nombramiento del nuevo titular de la Auditoria Superior del Estado de Baja California para el periodo 2019-2024, amigo de Kiko Vega y quien auditará tres años de su gestión. Así, la XXII Legislatura del Congreso de Baja California cumplió acuerdos, repartió cargos y se pagaron favores.

Las declaraciones de diversos actores muestran el grado de complicidad detrás de esta sucia trama política. El entonces presidente del Congreso de Baja California, diputado del PRI, Edgar Benjamín Gómez Macías, declaró el 31 de mayo que el administrador de Aduana de Mexicali le había querido sobornar con un millón de pesos para que convocara a la sesión donde se votaría el cambio de 2 a 5 años del próximo mandato; el 16 de agosto mediante una carta se retractó. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, dijo el 17 de julio que en su calidad de exministra de la SCJN opinaba que la reforma aprobada en favor de Jaime Bonilla era inconstitucional, pero el 1 de noviembre, minutos después de asistir a la toma de protesta de Bonilla como gobernador, afirmó que la ley era legal y más tarde, al haberse dado a conocer el video donde se confirmaba su dicho, agregó: “yo no puedo estar o no de acuerdo, el Congreso emite la norma y el Tribunal constitucional va a resolver”.

¿Dónde están las voces de quienes hoy apoyan a MORENA y antes criticaban por mucho menos los fraudes cometidos por el PRI? ¿Dónde está la responsabilidad política del Jefe real de MORENA en todo este asunto? ¿Por qué AMLO ha dejado hacer y deshacer a Jaime Bonilla hasta el grado de pisotear la Constitución? Esto sí es un golpe a la democracia y a MORENA no le importa.