Limpia Cámara Alta camino para modificar dictamen de Guardia Nacional

Senado Citará a Titulares de Sedena, Marina y Seguridad Ciudadana

(Redacción DM) La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República se reunirá esta semana con los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para ampliar información acerca del funcionamiento propuesto para la Guardia Nacional.

No obstante, aún no se ha fijado una fecha específica para el encuentro debido a que las actividades de los funcionarios relacionadas con el combate al robo de combustible los tiene ocupados, explicó el senador Eduardo Ramírez Aguilar.

Y adelantó que su grupo parlamentario (Morena) quiere discutir este tema a la brevedad porque el Presidente de la República no tiene las herramientas jurídicas y facultades que requiere este momento tan importante que atraviesa el país”.

El senador Damián Zepeda, del PAN, propuso analizar el proyecto en Parlamento Abierto, a fin de escuchar a quienes implementarán la reforma, a organismos civiles y a instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humando o la Organización de las Naciones Unidas; sin embargo, su propuesta fue desechada.

Reconoció que existe una “gran coincidencia” para hacerle frente al problema de inseguridad, pero bajo ninguna circunstancia a costa de militarizar permanentemente al país. Dijo que el fortalecimiento de las policías, el mando mixto y el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las calles son alternativas viables a la creación de la Guardia Nacional.

Por el PRD, el senador Omar Maceda coincidió en que hay alternativas para que no se apruebe la Guardia Nacional como se pretende, por ello, sugirió establecer un mando coordinado para regular la actuación de las fuerzas federales, locales y municipales y garantizar la seguridad pública, así como una regulación del uso de la fuerza.

Consideró que si se aprueba la Guardia Nacional con un mando y funcionamiento militar no sólo se corre el riesgo de una violación a los derechos humanos sino, como sugiere la CNDH en el caso de Tlahuelilpan, a la inacción, pues al no tener un protocolo sobre el uso de la fuerza definido, los militares no supieron cómo actuar.

Mientras que Claudia Ruiz Massieu, del PRI, refirió que no se le puede dar al Gobierno de la República y al Estado mexicano una solución, para atender la coyuntura, que vulnere el Estado constitucional y democrático y el régimen de derechos humanos.

Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió, en diciembre pasado, una sentencia que establece los parámetros de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública: debe ser excepcional, extraordinaria, temporal y subsidiaria y complementaria de las tareas que realizan las instituciones civiles, y con un mando civil.

 

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