Amplían Diputados Ilícitos Para Aplicar Extinción de Dominio
(Redacción DM) La Cámara de Diputados avaló incorporar los bienes de carácter patrimonial derivados de hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos a los ilícitos que se les puede aplicar la Extinción de Dominio.
Los diputados aprobaron que el Estado pueda recuperar bienes derivados de delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos.
En la reforma se señala, en el artículo 22, que no se considerará confiscación la incautación de bienes de una persona cuando sea decretada para pago de multas o impuestos, ni cuando las declare la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
Determina que no se observará como confiscación, el decomiso que ordene la autoridad judicial de bienes en caso de enriquecimiento ilícito en términos del artículo 109; tampoco la aplicación, a favor del Estado, de patrimonios asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos cuyo dominio se declare extinto de sentencia.
Refiere que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Explica que las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función.
De igual manera, estipula que la ley establecerá mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad y, en su caso, la destrucción de los mismos.
Precisa que a toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados, para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.
En el caso del artículo 73 se faculta al Congreso a expedir una legislación única en materia de extinción de dominio, en términos del artículo 22 constitucional, en un plazo de 180 días posteriores de la entrada en vigor de la ley.
La diputada Miroslava Carrillo Martínez de Morena precisó que con esta reforma la figura, concepción y principios de la extinción de dominio se fortalece y robustece, y se adecua a la problemática nacional, tanto en el aspecto procedimental como en la eficiencia y la seguridad jurídica.
“La reforma pretende que la acción de extinción de dominio sea eficaz, viable y realizable. Se considere de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. Dicha figura no reprime la realización de conductas penales; en consecuencia, no es en sí misma un castigo a quien ha violado una norma penal”, destacó.
El diputado Miguel Ángel Chico Herrera, también de Morena señaló que el objetivo de las reformas es dar eficacia a la recuperación de los bienes producto de la delincuencia y la corrupción. Enfatizó que con las modificaciones se busca dar un mensaje claro de que no habrá más impunidad, ni se solapará el enriquecimiento ilegítimo por actos de corrupción.
Por el PAN, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera consideró que no se mejora la figura de extinción de dominio y se desvirtúa la extinción de dominio; “como se plantea, estimó, no va a funcionar”, mencionó.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo del PRI, resaltó que esta figura se ha utilizado con gran éxito en diversos países, con el objetivo de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado; con esta herramienta, sostuvo, se dará un paso firme en la lucha contra este delito, la corrupción y el lavado de dinero en México.
Consideró que para combatir con éxito la delincuencia organizada resulta fundamental atacar sus estructuras financieras y las ganancias obtenidas con esos actos ilícitos.
