Función Pública, informó que se inhabilitó a Cyber Robotic Solutions S.A. de C.V., por 24 y 27 meses, he impuso dos multas
(Redacción DM) Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Circulares 10/2020 y 11/2020 por medio de las cuales la Secretaría de la Función Púbica informó sobre a dos inhabilitaciones a las empresas vinculadas a León Bartlett, la oposición celebró la medida, pero consideró que es el principio.
La Función Pública, informó que se inhabilitó a Cyber Robotic Solutions S.A. de C.V., por 24 y 27 meses, he impuso dos multas, que suman más de dos millones de pesos.
La Secretaría suspendió a cuatro servidores públicos adscritos al IMSS-Hidalgo por su posible complicidad con las acciones irregulares de la empresa sancionada
La senadora panista, Xóchitl Gálvez “celebró esta sanción administrativa”, pero espera que sea el “principio”.
Recordó que tiene puestas sus denuncias en la Secretaría de la Función Pública contra 18 contratos por un monto de 270 millones de pesos.
La senadora panista detalló: “de estos 18 contratos, 11 son por adjudicación directa, por lo tanto, se ha resuelto uno de los 18 contratos denunciados; esperamos que en los demás, digo, realmente llama la atención lo grave de lo que está pasando con la corrupción”.
Xóchitl Gálvez denunció que hubo atrevimiento para “vender equipos usados como nuevos, a tres veces su valor de un equipo nuevo, habla de la impunidad con la que con la que se conduce este joven Bartlett, hijo de Manuel Bartlett Díaz, que le enoja que le digamos que es su hijo, pero pues es su hijo, y estoy segura que, bueno, eso creo, estoy segura que realmente de no ser por ser hijo de Manuel Bartlett no hubiera conseguido ese contacto”.
Por lo que aseguró que se “puede configurar el delito de tráfico de influencias, en ambas, tanto en la empresa como en las instituciones de gobierno, y del lado de Cyber Robotic, también afectación grave el consumo nacional; finalmente el Seguro Social se quedó sin esos 20 ventiladores”.
La hidalguense llamó a investigar “aparte del tráfico de influencias el encubrimiento, el ejercicio ilícito del servicio público y el uso ilícito de atribuciones; ya parte de la resolución de la Contraloría nos deja ver que sí hubo un uso ilícito de atribuciones, no se justificaba el no hacer una licitación pública -eso dice la resolución- por lo tanto se configuran delitos y estos delitos la Fiscalía General de la República los tiene que sancionar, en función de esta primera auditoría”
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