Presenta Ombudsman Informe de Labores Ante la Permanente
(Redacción DM) A pesar de la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, la creación de la Guardia Nacional como la propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, con soldados, marinos y policías; es “una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”, advirtió Luis González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar el informe de labores de la CNDH ante la Comisión Permanente, el ombudsman nacional, resaltó que la Guardia Nacional contraviene a sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, “pues no hay certeza sobre la temporalidad forzosa del ejército y su sustitución por policías civiles”.
Ante el Pleno de la Permanente, Luis González Pérez sostuvo que ampliar la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y darles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.
Reconoció que México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo ni de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho.
En su presentación, Luis González recordó que el Presidente de la República ha hecho expreso su compromiso de respetar el contenido y principios de la Constitución, como producto histórico de las luchas y aspiraciones del pueblo, por lo que llamó a que por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática.
“Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien
a tales potestades en favor de la autoridad civil”, subrayó.
Ante la violencia fraticida que enfrenta el país, el Ombudsperson nacional afirmó que las autoridades deben asumir cabalmente las funciones que como gobierno se les han encomendado para que, mediante el cumplimiento y aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado democrático, se recuperen la paz, seguridad y armonía en las relaciones sociales.
Informó que en 2018 un total de 377 mil 579 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo,
atención o asesoría; se recibieron 44 mil 274 escritos que derivaron en la apertura de 25 mil 889 nuevos expedientes, de los cuales 9 mil 2 correspondieron a quejas, 7mil 855 a orientaciones directas, 8 mil 395 remisiones y 637 inconformidades.
Las autoridades más señaladas como presuntamente responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, 2 mil 532 casos; ISSSTE, mil 215; SEP, 746; Instituto Nacional de Migración, 587; SEDENA, 382; PGR, 375; Policía Federal, 356; SEDESOL, 311; SEMAR, 284; Infonavit, 212.
En el caso de la SEDENA, el Ombusman informó que pasó de 415 quejas en 2017 a 382 en 2018, mientras que la SEMAR aumentó de 259 a 284; la Policía Federal pasó de 425 a 356; y PGR, de 422 a 375.
Los presuntos hechos violatorios de mayor impacto fueron: 25 por privación de la vida; 39, desaparición forzada; 57, tortura; 255, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 2, ejecución sumaria; 318, detención arbitraria, y resulta preocupante el aumento de casos de desaparición forzada en casi 180%, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, mientras que los de tortura pasaron de 50 a 57.
Los derechos humanos violentados sobre los que versaron las recomendaciones ordinarias son: negligencia médica, acreditada en 20 casos; faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargo o comisiones, 16 casos; integración irregular o deficiente de la averiguación previa, 14.
Prestación indebida del servicio público y detención arbitraria, 13 cada uno; retardar o entorpecer la investigación o procuración de justicia, 12; tortura, 10; omitir proporcionar atención médica, 9; privar de la vida e incurrir en tratos crueles, inhumanos o degradantes, 8 cada uno, y, además, la CNDH promovió 53 acciones de inconstitucionalidad, así como también presentó 46 denuncias por responsabilidad penal y 146 por responsabilidad administrativa de servidores públicos.
Raúl González expresó que la CNDH, como institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier índole, ha acompañado a las víctimas y ejercido su papel como un contrapeso institucional ante los abusos de poder, proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se defiendan y protejan.
Finalmente, el Ombusperson nacional llamó a los senadores y diputados para que, desde la función legislativa, contribuyan a generar un entorno de respeto al derecho a disentir y a evitar discursos de odio que polaricen y dividan a la sociedad mexicana.
“Nuestro país no está en una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores. Cada acto de violencia, o persona que desaparece o pierde la vida implica agresiones entre la sociedad misma”, indicó.
