Riesgos de criminalización a migrantes por visión de Seguridad Nacional
80% más migrantes de 2018 a 2019; bajó de 2017 de 25.4 mdp el presupuesto de COMAR a 20.8 mdp en este 2019
(Redacción DM) Ante el aumento de las solicitudes de refugio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mostró su preocupación por la disminución en el presupuesto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Además, el organismo autónomo constitucional, advirtió de los riesgos de la criminalización de los migrantes producto de una política de Seguridad Nacional.
A través de un comunicado la CNDH externó su posicionamiento de los momentos que se viene en México por la crisis en materia de migración.
Indicó que la austeridad gubernamental no debe afectar los derechos de las personas que buscan asilo.
De entrada, la CNDH aseveró que el número de solicitantes de la condición de refugiado registrado a mayo de 2019 representa ya un 80% de la cifra anual de 2018.
Indicó que se prevé que en el mismo periodo la cantidad de solicitudes sea un número superior, además se advierte que persiste la demora y rezago en los trámites administrativos para obtener la condición de refugiado, lo cual ha influido de manera importante en las razones por las que desisten del procedimiento los solicitantes de la misma.
El organismo aseveró que las autoridades competentes están rebasadas, ya que la situación se ha venido agravando debido a los problemas que enfrentan los países centroamericanos y otros como Venezuela, en los que el número de personas que abandona sus lugares de origen va en aumento.
En el mensaje destacó que la coyuntura de la política migratoria del país, que incide de manera sustancial también en la política de refugio, en especial las acciones tendentes a generar mayor control de los flujos migratorios con base en esquemas de seguridad nacional en contraposición a la seguridad humana, como es la asignación de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en labores de contención, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, a partir del reforzamiento de los puntos de internamiento y controles de verificación migratoria en diversas localidades de los estados del sureste mexicano.
Al respecto, la CNDH manifestó que, las políticas basadas en una visión de seguridad nacional pueden llevar a la criminalización de las personas en contexto de movilidad humana, y dicha situación impacta en la detección de personas solicitantes de protección internacional.
Añadió que la contención en los puntos fronterizos precisa que las personas servidoras públicas que intervengan en la misma, cuenten con la capacitación necesaria para atender a aquellas que manifiesten ser solicitantes de la condición de refugiado, pues el hecho de no portar consigo algún documento de identificación no debe implicar un rechazo inmediato sin hacer un análisis particular de cada caso, dado que muchas de esas personas apenas tienen tiempo de huir de su país
Sobre este punto la CNDH, en su posicionamiento mostró su preocupación ya que al carecer de protocolos para garantizar el análisis individual de la situación por la que migró la persona y la necesidad de dicha protección, se proceda de manera genérica al rechazo causándoles con ello una afectación a su derecho a la protección internacional que requieren, además se debe tomar en consideración que al ser detenidas y contenidas por fuerzas de seguridad federales les genera incertidumbre y temor para expresar las razones de su desplazamiento, por lo que se corre el riesgo de revictimizarlas y generarles mayor vulnerabilidad.
Aunado a lo anterior, la CNDH también observó que el presupuesto de este año para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que recibió solo 20.8 millones de pesos, cuando en 2018 fue de 25.7 y en 2017 de 25.4 millones de pesos, disminuyó de manera sensible, a pesar de que en la actualidad existe mayor demanda de solicitudes de refugio.
El Organismo Constitucional Autónomo consideró que “la austeridad gubernamental no debe afectar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad”.
Por todo este antecedente, la CNDH exhortó “a las autoridades mexicanas a garantizar y reconocer en todo momento los derechos humanos de este grupo poblacional conforme a las normas nacionales e internacionales, y asumir que el contexto histórico actual regional y global plantea un nuevo paradigma de atención para las personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y de protección complementaria, incluyente y respetuoso de sus derechos humanos#.
Además, convocó a “iniciar las reflexiones, análisis y acciones pertinentes ante los crecientes flujos masivos migratorios, incluidas las personas solicitantes de protección internacional, y ser congruente en el discurso político con las políticas públicas que se implementen para esa población en situación de vulnerabilidad priorizando, como lo mandata nuestra Constitución, el respeto irrestricto de sus derechos humanos”.
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