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Presentan PRI, MC y PRD acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública

(Redacción DM) Diputados del PAN, PRI, MC y PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por la cual se creó la figura de los llamados “superdelegados”.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; PRI, René Juárez; de MC, Tonatiuh Bravo, y del PRD, Ricardo Gallardo, presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al advertir vicios en el procedimiento legislativo, violación al principio de legalidad y afectación a las entidades federativas.

El documento entregado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que los superdelegados representan un sistema netamente centralista que rompe con lo más esencial del sistema federal: la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política.

Añadieron que esta figura genera un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

“Se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la población. Sin la previsión de mecanismos de control y garantías institucionales, y por el contrario, la permisión al superdelegado para crear su ejército de funcionarios adscritos a esta labor, se abre un gran espacio para el ejercicio arbitrario del poder”, mencionaron en un comunicado.

También señalan que existe violación a la Constitución al facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la encargada de planear la política en materia de contrataciones públicas y la consolidación de los procedimientos de compra de bienes y servicios.

Recalcan que no hay claridad en los argumentos que sirvieron de sustento para justificar el cambio de estas atribuciones que anteriormente correspondían a la Secretaría de la Función Pública, “Incluso la reforma contraviene la Ley de Adquisiciones”.

Asimismo, destacaron que resulta inconstitucional la adición propuesta al artículo 33, fracción XXI, estableciendo que la Secretaría de Energía coordinará con la Comisión Reguladora de Energía la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.

Recordaron que el dictamen fue aprobado en un procedimiento viciado, que impidió el cumplimiento de las formalidades de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados, vulnerando los principios de la democracia representativa, fundamental de las actividades de cualquier asamblea democrática.

Señalaron que entre las inconsistencias estuvo el a pesar de que el 13 de noviembre se levantó la sesión, el mismo día en una sesión ordinaria nueva y posterior a la anterior, se aprobó indebidamente esta ley.

Además, denunciaron que hubo un ejercicio arbitrario y discrecional por parte de la Mesa Directiva

que decidió discutir solamente esta propuesta de Ley en la Comisión de Gobernación y Población,

aunque se necesitaba la opinión de la Comisión de Seguridad Pública y las Comisiones de Economía

Comercio y Competitividad, así como la Federalismo y Desarrollo Municipal.

 

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