Aprueban Diputados Guardia Nacional; Hoy Pasa al Senado
(Redacción DM) Con el apoyo de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), Morena logró la aprobación de la creación de la Guardia Nacional con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, en lo general.
Más tarde, con 366 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones, se aprueba en lo particular la creación del cuerpo policíaco cívico-militar. En ambos casos, se logró la mayoría calificada de ese órgano parlamentario.
En periodo extraordinario y luego de tres rondas de discusión en lo general, el Pleno de la Cámara de Diputados se pronunció por la creación del nuevo órgano de seguridad que estará integrado por elementos de las policías Militar, Naval y Federal.
Los legisladores de los partidos de Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), se manifestaron en contra del dictamen al considerar que con la Guardia Civil se van a militarizar las tareas de seguridad en el país.
El dictamen que modifica la Constitución establece que el mando de la Guardia Nacional estará a cargo de civiles, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular es Alfonso Durazo.
Pero crea una Junta de Jefes de Estado Mayor de la Guardia Nacional, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de seguridad, Defensa Nacional y Marina
De igual forma, faculta al Ejecutivo Federal de disponer lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designar a los integrantes de los órganos de dirección superior de dicha corporación.
El dictamen aprobado garantizará que los elementos de las policías Militar y Naval, la Fuerza Armada y la Policía Federal, asignados a la Guardia Nacional, conserven su rango y prestaciones.
Además, establece que la dependencia del ramo de Seguridad formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias y acciones. Mientras que la de Defensa Nacional, conforme a la ley, dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de las Fuerza Armadas.
La formación, capacitación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.
También indica que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil competente, en tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar se atenderán por las autoridades y tribunales militares que correspondan.
Y faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes sobre la organización, disciplina, profesionalización, operación y evaluación de la Guardia Nacional, así como a expedir la ley general del uso legítimo de la fuerza y la ley nacional del registro de detenidos, garantizando el respeto de los derechos humanos.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), comentó que derivado del interés expresado de las audiencias públicas convocadas por la Junta de Coordinación Política, así como los esfuerzos para lograr incluir las distintas inquietudes y posiciones de los grupos parlamentarios respecto del análisis del dictamen, la Junta Directiva de la Comisión acordó modificar el dictamen.
Y destacó que esta reforma a la Constitución tuvo un proceso genuino de participación democrática, “que en la historia constitucional de nuestro país fija un precedente en su materia”.
Mientras que el diputado Mario Delgado Carrillo (Morena) mencionó que hoy se le da respuesta al mayor reclamo de las y los mexicanos, que es la espiral creciente de violencia, sangre y muerte en la que está envuelto el país.
“No tenemos tiempo ni la oportunidad de fallar; no podemos negarles a 40 mil elementos de las fuerzas armadas que puedan integrar una nueva institución, con mejor mandato, preparación, responsabilidad y obligaciones”.
Jorge Romero Herrera, diputado del PAN, advirtió que esta reforma constitucional representa un incalculable riesgo y amenaza real que sobrepasa el ámbito de la seguridad pública y que podría atentar contra el sistema de libertades.
“No estamos en contra de que se exploren nuevos modelos y buscar otras formas para combatir la inseguridad y lograr disminuirla, pero no es con la militarización de la seguridad pública”.
Sostuvo que esta reforma representa el principio para que después empiece el desmantelamiento de todas corporaciones policiacas del país.
La diputada Adriana Medina Ortiz (MC) expresó su voto en contra porque se plantea un esquema militarista que perpetra una estrategia fallida a través de las perspectivas de reclutamiento, preparación, profesionalización e incentivos y mantiene la concentración de poder sin suficientes mecanismos de control legislativo.
Además de que no se aporta una ruta real para fortalecer policías civiles y mantiene las condiciones de vulnerabilidad jurídica para las Fuerzas Armadas, por lo que pidió legislar para desmilitarizar la seguridad pública y brindar un marco jurídico que dé certidumbre a militares.
Por el PRD, la diputada Alejandra Esparza manifestó su voto en contra del dictamen al considerar que normaliza la actividad militar en labores de seguridad pública y establece un cambio constitucional que perpetúa policías militarizadas. “No es una alternativa real para solucionar la grave crisis humanitaria que sufre México”.
Además, dijo, contraviene los principios de la democracia, viola el pacto federal, toda vez que sustituye a gobiernos estatales en conducción de políticas de seguridad, y no establece mecanismos de control para el resguardo y protección de derechos humanos, además establece potestades para que militares intervengan directamente en procesos contra civiles.
