Van Senadoras por Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos

Hay más de 3 mil carpetas por robo de combustible: PT

(Redacción DM) Ante las más de 3 mil carpetas de investigación por el delito de robo de combustible y con la finalidad de dotar al Estado de herramientas para combatir este ilícito, las senadoras Geovanna Bañuelos, Nancy de la Sierra y Cora Cecilia Pinedo del Grupo Parlamentario del PT, propusieron crear la Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos.

Las petistas proponen reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo explicó que el objetivo es contar con personal calificado para investigar, prevenir y perseguir los delitos en materia de robo de hidrocarburos.

La iniciativa consideró que, en la actual administración federal se han iniciado más de 3 mil carpetas de investigación por el delito de robo de combustible,

Las senadoras indicaron que es necesario contar con una fiscalía especializada que atienda esta problemática y le dé un cauce legal.

En su propuesta, destacan que desde hace más de una década el robo de combustibles empezó a ser un problema de gran escala para la seguridad y el patrimonio nacional, dado que el sector energético representa la segunda fuente de ingresos del país al aportar alrededor del 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con cifras del Gobierno Federal, las pérdidas de Petróleos Mexicanos por robo de hidrocarburos superaron los 65 mil millones de pesos en 2018.

Lo que obligó al Ejecutivo a implementar una política de combate frontal al robo de combustibles, que en lo que va del año ha logrado reducir de manera considerable este ilícito, pasando de 56 mil barriles que se robaban diariamente en 2018, a 8 mil barriles diarios al mes de febrero.

En el documento presentando a la Comisión Permanente, las legisladoras del PT consideran que dado el impacto negativo que tiene en términos sociales, de seguridad, en las finanzas y patrimonio de Pemex es necesario crear una Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos que cuente con el presupuesto y el personal calificado para procesar y castigar a quienes cometen estos ilícitos.

Resaltan que el ilícito ahora está contemplado en el Artículo 19 Constitucional con lo que amerita prisión preventiva oficiosa, por la cual, se requiere contar con ministerios públicos especializados en la procuración de justicia de este tipo de delitos para evitar una deficiente integración de las carpetas.

Lo anterior, permitirá evitar que por falta de argumentos bien sustentados o del desahogo de medios de prueba a quienes se les impute su participación o comisión del delito, obtengan su libertad y no cumplan con su responsabilidad penal.

La iniciativa turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos propone además que el titular Fiscalía General de la República informe mensualmente sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Asimismo, que informe anualmente al Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Las legisladoras reconocen que México ya cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que tiene como objeto establecer los delitos en particular y sanciones que serán aplicables en esta materia, así como las medidas necesarias para prevenir la comisión de estos o suspender sus efectos.

Por lo que, aseguran que la creación de la fiscalía fortalecerá la política de combate y prevención en materia de delitos relacionados con la sustracción, aprovechamiento, compra, enajenación, adquisición, comercialización de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

 

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